La Fiscalía ha emitido una orden internacional de detención del que fuera el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que está siendo investigado por supuestas irregularidades en su época como máximo mandatario federativo.
Rubiales se encuentra de viaje en República Dominicana, un lugar nada desconocido para el que un día fue el máximo gestor del fútbol español y que cayó tras sus comportamiento machista durante la celebración del Campeonato del Mundo de fútbol femenino.
Aunque su presencia no ha podido ser confirmada por fuentes de la Federación Dominicana (Fedofutbol). “Nosotros hemos visto las publicaciones, pero en realidad no tenemos constancia de que Luis Rubiales se encuentre en el país”, dijo a EFE una fuente de Fedofutbol que pidió no revelar su nombre.
La fuente afirmó que Rubiales no ha tenido contacto alguno con la Fedofutbol y que en esa organización manejan como un rumor que Rubiales esté en República Dominicana. “No hemos tenido conocimiento de que ese señor haya visitado o esté en el país”, le dijo a EFE un alto cargo de la Policía Nacional, que también pidió el anonimato.
El dirigente, inhabilitado por la FIFA durante tres años por el beso en la boca no consentido a la internacional española Jenni Hermoso, y que cuenta con una querella de la Fiscalía por un presunto delito de agresión sexual y otro de coacciones, lleva años en el ojo del huracán por sus supuestas ilegalidades a la hora de gestionar la FEF, ente que dirigió entre 2018 y 2023.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles la sede de la RFEF y la casa de Rubiales en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad. Un registro que se suma a otros diez, entre ellos el de la vivienda de Granada del expresidente de la RFEF, investigado por un supuesto delito de corrupción, entre otros.
Sí se han producido siete detenciones: cinco en Madrid y dos en Granada. Entre estos arrestos, el de un hombre de confianza de Rubiales, el asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, Tomás González Cueto.
Otros de los detenidos son los directores de Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de la Federación, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente. Además, ha sido detenido el hermano del director de Servicios Jurídicos, Ángel González Segura, directivo de una de las empresas, la constructora Gruconsa, elegida para obras en el estadio La Cartuja de Sevilla, que acoge la final de la Copa del Rey. Como investigado aparece también Ramón Caravaca, administrador de una empresa.
El dispositivo está dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada y con la UCO. Ese juzgado es el que comenzó a investigar el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por Rubiales con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué.
Todo se inició a raíz de una querella presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe) y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Galán, en mayo de 2022, contra Rubiales y Piqué por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. En esa querella, que reproducía informaciones periodísticas, Galán acusaba a Piqué y Rubiales de acordar “un plan para lucrarse con 24 millones de euros” a costa de la Federación, una comisión presuntamente pactada por celebrar la Supercopa en Arabia Saudí.
La presencia de los agentes de la UCO en la Federación ha obligado a la junta gestora de la RFEF a aplazar la reunión prevista este miércoles para convocar elecciones a la presidencia y completar el mandato de Luis Rubiales. La gestora que preside Pedro Rocha estaba citada esta tarde para proceder a la convocatoria electoral, pero la reunión ha sido aplazada sin fecha de momento, según fuentes federativas.
La Federación ha anunciado en un comunicado que ha ofrecido “toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Justicia, tras el registro de su sede” y ha apostado “por una absoluta transparencia” y su compromiso por llegar “hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha”.
